Bogotá D.C. – John Milton Rodríguez, designado como liquidador del Ministerio de la Igualdad, ha implementado medidas drásticas para formalizar el cierre de esta cartera. La decisión más relevante incluye la supresión de todos los viceministerios adscritos a la entidad, en un paso que subraya la imposibilidad de la cartera para continuar con sus operaciones misionales.
La resolución firmada por Rodríguez especifica que la eliminación de estos empleos «se efectúa en desarrollo del proceso liquidatorio, por no resultar dichos empleos indispensables para acompañar el proceso de liquidación en su etapa actual». Este acto constituye una materialización progresiva de la supresión de cargos en el marco del proceso.
Supresión de Viceministerios y Traspaso de Información
La directriz del liquidador implica la desaparición de los siguientes viceministerios, que hasta ahora conformaban la estructura del Ministerio de la Igualdad:
- Viceministerio de la Mujer
- Viceministerio de la Juventud
- Viceministerio de Pueblos Étnicos y Campesinos
- Viceministerio de Poblaciones y Territorios Excluidos
- Viceministerio de Diversidades
Los titulares de estas carteras tienen un plazo de 15 días para formalizar la entrega de expedientes, documentos, claves de acceso y toda la información pertinente que se manejaba en sus respectivas dependencias. Esta medida busca asegurar una transición ordenada y el correcto traspaso de la gestión documental y operativa durante el proceso de liquidación.
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Paralelamente a la supresión de viceministerios, Rodríguez ha suscrito una resolución para «adoptar el Reglamento de Contratación para la Liquidación del Ministerio de Igualdad». Este documento establece un marco restrictivo para la actividad contractual de la entidad, señalando que no se podrán iniciar nuevas actividades que correspondan al objeto social misional del ministerio.
Todas las acciones que se emprendan deberán estar única y exclusivamente encaminadas al proceso de liquidación. La resolución detalla los tipos de contratos considerados necesarios y permitidos en esta etapa:
- Representación judicial y extrajudicial, así como la defensa de los intereses de la entidad.
- Avalúos, inventarios y saneamiento de activos.
- Organización, digitalización, custodia y transferencia de archivos.
- Revisoría fiscal y auditoría.
- Servicios de aseo, vigilancia, servicios públicos domiciliarios, arrendamiento y soporte tecnológico indispensable para el funcionamiento del equipo liquidador.
- Apoyo profesional y técnico necesario para el proceso liquidatorio.
En consecuencia, queda terminantemente prohibido adelantar procesos de selección o suscribir contratos cuyo objeto se relacione con el desarrollo de las funciones misionales que previamente le correspondían a la entidad. La competencia para cualquier proceso de selección, la suscripción de contratos, la ordenación del gasto y el ejercicio de facultades excepcionales recae ahora de forma exclusiva en el liquidador, en su rol de representante legal.
Contexto Político y Administrativo de la Disolución
La liquidación del Ministerio de la Igualdad no es solo un procedimiento administrativo, sino que se inscribe en un contexto de debate político y expectativas sociales significativas en Colombia. La creación de esta cartera, impulsada durante la actual administración, prometía ser un pilar fundamental para la reducción de brechas de desigualdad y la atención a poblaciones históricamente vulneradas.
La rapidez con la que se ha decretado su liquidación, apenas unos meses después de su formalización, ha generado diversas reacciones. Mientras el gobierno ha justificado la decisión como una medida de reestructuración y optimización, sectores de la oposición han calificado la existencia misma del ministerio como un «símbolo de despilfarro», criticando la falta de resultados concretos y la complejidad administrativa asociada a su operación. La disolución plantea interrogantes sobre el futuro de las políticas públicas orientadas a las poblaciones que el ministerio buscaba atender, y cómo estas agendas serán integradas o redistribuidas en otras entidades del Estado.
El proceso de liquidación, inicialmente previsto para un plazo de un año, será clave para determinar el destino de los recursos, proyectos y el personal que hizo parte de esta iniciativa gubernamental.
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