El reciente bombardeo militar ocurrido el 27 de agosto en El Retorno, Guaviare, ha provocado un intenso debate en Colombia tras la confirmación de Medicina Legal: tres de las diez personas fallecidas eran menores de edad. A pesar de esta revelación, el Ministerio de Defensa y el Comando General de las Fuerzas Militares han defendido la legalidad de la operación, calificando a todos los abatidos como «combatientes» de una estructura disidente.
El general Erick Rodríguez, comandante general de las Fuerzas Militares, sostuvo que la operación fue un ataque aéreo estratégico contra campamentos del bloque Jorge Suárez Briceño, liderado por alias ‘Cotis’ y perteneciente a la facción de alias ‘Calarcá’, en la densa selva cercana al río Inírida. «Como resultado de la operación, se neutralizaron diez de sus integrantes, todos ellos combatientes», afirmó Rodríguez.
Detalles de la Operación y Hallazgos
La operación, coordinada con la Policía Nacional, no solo resultó en las diez muertes, sino también en la captura de un integrante y la recuperación de otro menor de edad, quien fue puesto bajo protección para el restablecimiento de sus derechos. El balance de material bélico encontrado en el lugar del bombardeo es significativo y subraya la capacidad armada del grupo ilegal:
- 19 fusiles
- 7 ametralladoras
- 15 armas cortas
- 1 mortero de 60 milímetros
- 22 granadas de mortero
- 8 granadas de 40 milímetros
- 174 proveedores
- 184 minas antipersonales
- 20 granadas para dron
- Más de 29.000 municiones
El general Rodríguez enfatizó que las minas antipersonales «iban a ser utilizadas en el territorio colombiano y en las cuales hubiera podido caer un particular o uno de nuestros soldados», justificando la necesidad de la intervención. Asimismo, aseguró que la operación militar «observó todos los estándares legales para los ataques aéreos estratégicos, durante su planeamiento y durante su ejecución», incluyendo la realización de actos urgentes y la entrega de cuerpos a Medicina Legal.
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El ministro de Defensa, general (r) Jorge Mora, confirmó que Medicina Legal determinó que dos de los menores fallecidos tenían 15 años y uno 16. Mora fue contundente al declarar que «el reclutamiento y la utilización de menores de edad en el conflicto constituyen un crimen de guerra y una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario».
Para el ministro, la responsabilidad recae directamente en los «grupos armados narcoterroristas» que perpetran estas prácticas ilícitas, las cuales están tipificadas como delito en el Código Penal colombiano. «El Ministerio de Defensa lamenta que nuestros menores de edad sigan siendo reclutados e instrumentalizados por estos grupos narcoterroristas y bandas criminales. Rechazamos de manera categórica esta aberrante práctica», sentenció.
Contexto del Guaviare: Una Región Sitiada
El Guaviare, ubicado en la puerta de la Amazonía colombiana, es una región históricamente afectada por el conflicto armado y la economía ilegal. Su vasta geografía, con densas selvas y escasa presencia estatal, lo convierte en un corredor estratégico para el narcotráfico y la explotación de recursos ilícitos. Grupos disidentes de las FARC, como el bloque Jorge Suárez Briceño, operan con relativa impunidad, ejerciendo control territorial y social. Este departamento, junto con zonas limítrofes, ha sido un epicentro constante del reclutamiento forzado de menores, quienes son cooptados por promesas económicas o bajo amenaza, y luego instrumentalizados en actividades criminales, desde el cultivo de coca hasta la confrontación armada. La complejidad de estos territorios exige una estrategia integral que vaya más allá de la acción militar, abordando las causas estructurales de la violencia y la falta de oportunidades para la juventud.
Acciones Futuras y Fortalecimiento Jurídico
Ante la persistencia de este flagelo, el ministro Mora anunció que los ministerios de Defensa y Justicia están trabajando en una mesa interdisciplinaria. Este espacio busca fortalecer la respuesta estatal frente al reclutamiento y la utilización de menores, con la invitación a la Rama Judicial, la Fiscalía General y otras entidades competentes.
Objetivos de la Mesa Interdisciplinaria:
- Posibles ajustes penales para aumentar las penas.
- Agravación de las sanciones para los responsables.
- Fortalecimiento de la persecución de las estructuras de dirección y las redes de captación.
La meta es establecer una ruta integral que no solo proteja a los menores, sino que también sancione «con la mayor contundencia a quienes reclutan, utilizan o instrumentalizan» a niños y adolescentes para cometer delitos. Finalmente, Mora confirmó que se instaurarán las respectivas denuncias ante la Fiscalía General de la Nación para que se investiguen a fondo estos hechos.
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