El Gobierno Nacional ha tomado una determinación drástica al anunciar el cierre del Espacio de Conversación Sociojurídico establecido con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). Esta medida, formalizada a través de la expedición de tres resoluciones, responde a la falta de avances tangibles y a la ausencia de lo que el Ejecutivo ha calificado como una «voluntad real, sostenida y comprobable» por parte de la estructura armada para someterse a la justicia y desmantelar sus operaciones.
La decisión marca un punto de inflexión en la política de paz total del gobierno, al retirar el reconocimiento oficial a representantes de las ACSN y disolver los mecanismos de interlocución que se habían establecido con la expectativa de transitar hacia la legalidad.
Motivos Detallados para la Suspensión
El anuncio gubernamental subraya que, a pesar de la instalación formal del espacio de diálogo en agosto de 2024, una serie de acontecimientos han debilitado progresivamente las conversaciones. La ausencia de una voluntad inequívoca de paz y de sometimiento a la justicia por parte de las ACSN ha sido el factor determinante para la interrupción de este proceso. El mecanismo, autorizado inicialmente bajo la administración del presidente Petro, buscaba precisamente verificar esa voluntad y fijar los términos para un eventual sometimiento, en el marco de la legislación vigente y con el objetivo de construir paz en las regiones afectadas.
Revocación de Reconocimientos y Suspensión de Garantías
Paralelamente al cierre del espacio de conversación, el Gobierno ha procedido a revocar el reconocimiento como miembros representantes de nueve integrantes de las ACSN. Esta medida impacta directamente a:
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- Elmer David Reyes Carrillo
- Jhon Rafael Salazar Salcedo
- José Luis Pérez Villanueva
- Loryin Emilio Pertuz Ballestas
- Nain Andrés Pérez Toncel
- Orlando Pérez Ortega
- Carmen Evelio Castillo Carrillo
- Fredy Castillo Carrillo
La revocatoria implica que estas personas pierden su estatus oficial dentro del proceso de diálogo, cesando las garantías que dicho reconocimiento conllevaba. La resolución correspondiente exige además comunicar esta decisión a las autoridades judiciales y administrativas competentes, con el fin de reactivar «las órdenes de captura a que haya lugar» contra estos individuos. Adicionalmente, quedan sin efecto las resoluciones 091 de abril de 2025 y 190 de junio de 2025, que previamente habían otorgado el reconocimiento a estos representantes de las ACSN.
Retiro del Coordinador Gubernamental
Como parte integral del desmonte del mecanismo, el Gobierno también ha revocado la designación de Óscar Mauricio Silva Osorio como coordinador y representante del Gobierno Nacional en este Espacio de Conversación Sociojurídico. La designación de Silva Osorio había sido establecida en la resolución original que autorizó la instalación del espacio en 2024.
En síntesis, las decisiones gubernamentales consolidan tres acciones principales:
- La terminación formal del espacio de conversación con las ACSN.
- La revocación del reconocimiento a nueve de sus miembros representantes.
- El retiro del coordinador designado por el Gobierno Nacional para el proceso.
Contexto Político y Estrategia de Paz Total
Este cese de diálogo con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada no es un hecho aislado, sino que se enmarca en una revaluación más amplia de la estrategia de «paz total» del Gobierno Nacional. La administración del presidente Petro, a través de la expedición de un total de nueve resoluciones, ha tomado la determinación de concluir los tres procesos de diálogo que aún permanecían abiertos con distintos grupos armados ilegales. Además de las ACSN, esta medida afecta a estructuras como las lideradas por alias ‘Calarcá’ y la denominada Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.
La Sierra Nevada de Santa Marta, donde operan las ACSN, es una región estratégicamente vital para Colombia, no solo por su megadiversidad y riqueza cultural indígena, sino también por ser un corredor histórico para actividades ilícitas como el narcotráfico y el contrabando. La presencia de grupos armados en este territorio ha generado un ciclo de violencia y control social que afecta directamente a comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes. La persistencia de esta violencia se entrelaza con factores como la debilidad institucional, la explotación de recursos naturales y la disputa por rutas de tráfico de drogas, haciendo que los esfuerzos por la paz en esta zona sean particularmente complejos. La decisión gubernamental refleja la dificultad de establecer una interlocución efectiva con grupos que no demuestran un compromiso genuino con los principios de sometimiento a la ley, lo que impacta directamente en la seguridad y el desarrollo de esta crucial región colombiana.
El Gobierno busca así enviar un mensaje contundente sobre la seriedad de su política de paz y la necesidad de un compromiso inquebrantable por parte de las estructuras armadas para avanzar hacia cualquier tipo de negociación o sometimiento a la justicia. La medida implica un endurecimiento de la postura frente a aquellos grupos que no demuestren una voluntad efectiva de dejar las armas y acogerse al Estado de Derecho.
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