La Defensoría del Pueblo ha solicitado al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) una aclaración exhaustiva respecto a la directriz que presuntamente instruye omitir la palabra «niñas» en sus comunicaciones oficiales, privilegiando el uso de «niños y adolescentes» o «niñez». Este requerimiento surge tras una polémica generada por denuncias sobre un posible sesgo en el lenguaje institucional que podría invisibilizar a una parte fundamental de la población que el ICBF debe proteger.

En un oficio de dos páginas, radicado el 25 de agosto, Iris Marín, directora de la Defensoría del Pueblo, dirigió la solicitud a María Carolina Restrepo Cañavera, directora general del ICBF. El documento busca desentrañar los motivos por los cuales la regional del Huila habría impartido tal instrucción y las razones detrás de la defensa pública de Restrepo, quien argumentó que el término «niñez» ya engloba a las niñas.

Detalles del Requerimiento de la Defensoría

El organismo de control ha formulado una serie de peticiones específicas al ICBF, orientadas a obtener transparencia y fundamentación sobre esta controversial medida:

  • Identificación de la directriz: Se solicita precisar cuál es la orientación vigente sobre el uso de las palabras «niñas», «niños», «adolescentes» y «niñez» en toda la comunicación institucional del ICBF.
  • Alcance y origen: Aclarar si la directriz rige a nivel nacional o se limita a la regional del Huila, quién la impartió y en qué fecha fue adoptada formalmente.
  • Sustento documental: El ICBF debe remitir copias de circulares, correos, lineamientos o cualquier otro documento que haya oficializado esta orientación, ya sea interna o formalmente.
  • Fundamentación jurídica y técnica: Se exige al Instituto exponer los fundamentos jurídicos, técnicos, de derechos humanos y de género que supuestamente sustentan la decisión. La Defensoría pide análisis que demuestren si esta directriz se evaluó conforme al artículo 12 de la Ley 1098 de 2006 (Código de la Infancia y la Adolescencia) y la jurisprudencia constitucional sobre el poder incluyente o excluyente del lenguaje.
  • Evaluación de impacto: Se pregunta al ICBF si evaluó el efecto de dejar de nombrar a las niñas en su visibilización y reconocimiento, y si la polémica actual motivará una revisión o ajuste de la orientación.

El Argumento de la Defensoría: Más allá de lo Simbólico

La postura de la Defensoría del Pueblo es clara: nombrar a las niñas no es una cuestión meramente simbólica o de estilo. Es, en su esencia, una herramienta de diagnóstico y prevención. «Si las niñas soportan patrones específicos o desproporcionados de violencia sexual, explotación, uniones tempranas, embarazo forzado o adolescente, trata y otras formas de violencia basada en género, nombrar y desagregar la información no es ornamental», enfatiza el oficio. Este punto subraya la necesidad de una identificación explícita para abordar problemáticas que afectan de manera particular y diferenciada a las niñas.

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El documento también advierte que criterios como la claridad, economía o eficiencia del lenguaje, aunque legítimos en la comunicación pública, no son suficientes para justificar una decisión institucional que pueda «reducir la visibilidad de sujetos cuya protección diferenciada está constitucional y legalmente exigida».

Precedentes Legales y Jurisprudenciales

La Defensoría basa su requerimiento en sólidos precedentes jurídicos colombianos. Cita la Corte Constitucional, que desde la sentencia C-804 de 2006 ha advertido sobre cómo el uso del masculino como término universal puede invisibilizar a las mujeres. Esta línea jurisprudencial ha sido reiterada en fallos posteriores como la C-001 de 2018, C-552 de 2019, C-154 de 2022 y T-250 de 2024.

Adicionalmente, el documento hace referencia a la Ley 1098 de 2006, el Código de la Infancia y la Adolescencia, cuyo artículo 12 establece la obligación de incorporar la perspectiva de género en todos los ámbitos que involucran a niños, niñas y adolescentes. Esta legislación es fundamental para garantizar que las políticas y comunicaciones institucionales reconozcan las particularidades de cada grupo.

Contexto de la Polémica y Antecedentes del ICBF

La controversia se originó con una denuncia pública de la representante a la Cámara Lourdes Mateus, quien señaló la existencia de una directriz interna en el ICBF para usar «niños y adolescentes» y prescindir de «niñas». La directora del ICBF, María Carolina Restrepo, respondió inicialmente mediante un comunicado, afirmando que la misión del Instituto es la «protección integral de la niñez, la adolescencia y las familias de Colombia» y que «cuando hablamos de niñez, hablamos de todos los niños y todas las niñas del país». Ante la creciente ola de críticas, Restrepo reiteró que las niñas «tendrán toda la protección que ordenan la Constitución, la ley y los tratados internacionales».

Esta no es la primera vez que la administración de Restrepo en el ICBF enfrenta cuestionamientos. Días antes de esta polémica lingüística, la directora ordenó retirar de la sede en Bogotá una intervención artística que decía «aquí estuvo: Resistencia Chiquita», calificándola de «instrumentalización política de la niñez». Esta decisión fue debatida por Astrid Cáceres, anterior directora del Instituto, quien aclaró que se trataba de un colectivo artístico de niñas bogotanas, no de una consigna política, añadiendo una capa más de discusión sobre la percepción y tratamiento de la infancia dentro de la institución.

En el contexto colombiano, la visibilización de las niñas y adolescentes es una prioridad constante. Regiones como el Valle del Cauca, el Cauca y Nariño, por ejemplo, enfrentan desafíos significativos en cuanto a la protección de la infancia femenina, incluyendo altos índices de violencia sexual, embarazo adolescente y desplazamiento forzado. La exclusión del término «niñas» en la comunicación institucional de una entidad como el ICBF, encargada de su protección, genera preocupación en un país donde la discriminación de género persiste en diversas esferas sociales y se manifiesta en indicadores complejos que exigen precisamente un enfoque diferenciado y explícito. La Defensoría, al exigir claridad, busca asegurar que la política pública no solo sea inclusiva en intención, sino también en su expresión y ejecución, reconociendo las realidades específicas de cada grupo poblacional.

La Defensoría del Pueblo espera una respuesta detallada del ICBF, que no solo aclare la situación sino que también demuestre un compromiso institucional con la protección y visibilización de todos los menores, sin invisibilizar a las niñas bajo denominaciones genéricas.

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