Escalada violenta: ataques con drones aumentan 146% en Colombia

La Defensoría del Pueblo ha emitido una alerta crítica sobre la intensificación del conflicto armado en Colombia, revelando un preocupante aumento del 146% en los ataques perpetrados con sistemas aéreos no tripulados (drones) entre enero y mayo de 2026. Esta nueva modalidad de agresión, que transita de lo experimental a lo sistemático, ha dejado un saldo de 21 personas fallecidas y 145 heridas, impactando gravemente tanto a miembros de la Fuerza Pública como a la población civil.

Según el informe de derechos humanos presentado por la Defensoría, en los primeros cinco meses de 2026 se contabilizaron 121 ataques con drones, una cifra significativamente superior a los 49 registrados en el mismo periodo de 2025. Este incremento no solo subraya una transformación en las tácticas de los grupos armados ilegales, sino que también expone nuevas vulnerabilidades para las comunidades en zonas de conflicto.

Impacto y Zonas Más Afectadas por la Violencia con Drones

La radiografía presentada por la Defensoría del Pueblo, complementada por datos del Servicio de las Naciones Unidas de Actividades relativas a las Minas (UNMAS) y la Fundación Barco, detalla que la expansión de estos ataques con drones armados no es solo cuantitativa sino también geográfica. Las regiones más afectadas se concentran en el suroccidente del país, destacando el Cauca, Norte de Santander y el Valle del Cauca como los epicentros de esta nueva expresión de violencia.

Cauca: Con 33 ataques registrados.
Norte de Santander: Acumulando 30 incidentes.
Valle del Cauca: Reportando 16 ataques.

Estos departamentos, históricamente marcados por la presencia y disputa de grupos armados, ahora enfrentan una amenaza tecnológica que añade complejidad a la protección de la vida y la integridad de sus habitantes. La UNMAS advierte sobre una mayor sofisticación técnica en el empleo de estos sistemas, incluyendo drones guiados por fibra óptica y la emergente táctica de «enjambres de drones», como el documentado ataque contra tropas del Ejército Nacional en Timba, Valle del Cauca.

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Contexto del Suroccidente Colombiano y la Persistencia del Conflicto

El suroccidente de Colombia, especialmente departamentos como Cauca y Valle del Cauca, ha sido durante décadas un corredor estratégico y un bastión para diversos grupos armados ilegales. Su geografía montañosa, la presencia de cultivos ilícitos, y su importancia para el narcotráfico y la minería ilegal, han configurado un escenario de conflicto persistente. La debilidad institucional en algunas zonas y la rica biodiversidad que dificulta el control territorial han permitido a estos grupos consolidar su influencia.

En este contexto, la implementación de drones armados representa una escalada lógica para grupos que buscan maximizar el daño y la presión sobre la Fuerza Pública y la población, adaptándose a las innovaciones tecnológicas. La proliferación de estos ataques en la región agrava la crisis humanitaria, sumándose a problemas endémicos como el desplazamiento forzado y el reclutamiento de menores.

Radiografía General de la Crisis Humanitaria

El incremento de ataques con drones es solo una faceta de la compleja situación humanitaria que atraviesa Colombia. La Defensoría del Pueblo ha emitido 120 Alertas Tempranas territoriales, que abarcan 396 municipios y 15 territorios indígenas en todos los departamentos. Estas alertas son un indicativo de la extensa y multidimensional amenaza que pende sobre diversas comunidades.

Otras cifras alarmantes presentadas en el informe:

Desplazamiento masivo: Entre 2017 y lo corrido de 2026, se registraron 1.002 eventos que afectaron a 394.839 personas.
Reclutamiento de menores: La Defensoría documentó 682 casos en 2024, 419 en 2025 y 74 entre enero y junio de 2026, mostrando una preocupante continuidad.
Masacres: Entre 2019 y julio de 2026, se reportaron 651 masacres con un saldo de 2.380 víctimas, según datos de Indepaz.
Presencia del ELN: La entidad identifica presencia permanente del ELN en 145 municipios y presencia intermitente en otros 115, evidenciando su expansión territorial.
Riesgo por artefactos explosivos: El número de personas que requieren protección frente a minas antipersonal y otros artefactos explosivos, incluidos los desplegados mediante drones, pasó de 607.910 en 2024 a 812.966 en 2026.

La Defensoría del Pueblo enfatiza la urgencia de mantener una estricta aplicación de las normas del Derecho Internacional Humanitario frente a esta nueva dinámica de conflicto. La expansión de los ataques con drones hacia nuevos departamentos y su uso en áreas pobladas exigen una respuesta integral que no solo aborde las tácticas de los grupos armados, sino que también fortalezca las medidas de protección para la población civil y fomente la educación sobre los riesgos de los artefactos explosivos.