Linares y Los Andes, dos municipios en el departamento de Nariño, se encuentran inmersos en una compleja crisis humanitaria, según una reciente alerta emitida por la Defensoría del Pueblo. La población civil de estas zonas rurales se enfrenta a una doble amenaza: la propagación descontrolada de incendios forestales y el recrudecimiento de confrontaciones armadas entre múltiples grupos ilegales. Esta coyuntura ha generado un bloqueo humanitario y graves afectaciones a la vida, la integridad y la seguridad alimentaria de las comunidades campesinas.
La situación ha sido calificada como «muy difícil» por el alcalde de Linares y ha impulsado llamados urgentes a los actores armados y a las autoridades para garantizar la protección de los civiles y el acceso de la ayuda. La Defensoría ha instado a todas las partes a respetar el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y a permitir las labores de los organismos de socorro.
La Confluencia de Incendios y Conflicto Armado
La zona rural de Linares y Los Andes, particularmente en veredas como La Cocha, Parapetos, Bella Florida, Tambillo de Bravos y El Estanque en Linares, así como Arenal y Villanueva en Los Andes, experimenta la simultaneidad de incendios y hostilidades. Los fuegos, que se extienden sobre cultivos, zonas de montaña y áreas ecológicamente sensibles, representan una amenaza directa para las economías locales y el medio ambiente. Algunos informes sugieren que varios de estos incendios podrían haber sido provocados, añadiendo una capa de intencionalidad a la catástrofe natural.
De forma paralela, el territorio es escenario de enfrentamientos continuos entre el Frente Comuneros del Sur, las Autodefensas Unidas de Nariño (AUN) y disidencias de las Farc lideradas por alias Iván Mordisco. Estas confrontaciones no solo generan desplazamientos y terror entre la población, sino que también impiden la respuesta efectiva a los incendios y la provisión de servicios básicos.
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La presencia de artefactos explosivos y municiones sin explotar, producto de los combates, añade un riesgo latente para quienes intentan huir o acceder a sus propiedades. El bloqueo humanitario se agrava por las restricciones impuestas por los grupos armados, que dificultan el ingreso de:
- Organismos de socorro
- Cuerpos de bomberos
- Entidades de gestión del riesgo
- Personal de salud
Un ejemplo palpable de esta crisis ocurrió en el corregimiento de Tabiles, Linares, donde enfrentamientos entre grupos armados ilegales impidieron el ingreso de técnicos para reparar la infraestructura eléctrica, prolongando la suspensión del servicio de energía y afectando aún más la calidad de vida de los habitantes.
Contexto Regional: Nariño, Corredor Estratégico y Zona de Disputa
El departamento de Nariño, ubicado en el suroccidente de Colombia y fronterizo con Ecuador, ha sido históricamente una región de alto valor geoestratégico para los grupos armados ilegales. Su geografía diversa, que abarca desde la costa pacífica hasta zonas montañosas y selváticas, facilita el tránsito de economías ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal. La salida al Pacífico, con sus innumerables esteros y ríos, es un corredor crucial para el envío de drogas. Además, Nariño es uno de los departamentos con mayor concentración de cultivos de uso ilícito en el país, lo que lo convierte en un objetivo constante de disputa entre diferentes facciones armadas.
Tras la firma del Acuerdo de Paz con las Farc en 2016, muchas de las zonas que antes controlaba esta guerrilla quedaron en un vacío de poder que fue rápidamente llenado por nuevas estructuras disidentes, grupos paramilitares reorganizados y bandas criminales. Esta fragmentación del escenario armado ha intensificado la violencia, afectando directamente a las comunidades rurales que se ven atrapadas en el fuego cruzado y las dinámicas de control territorial.
Llamado Urgente a la Protección y Asistencia
La Defensoría del Pueblo ha reiterado sus exigencias a los grupos armados presentes en Linares y Los Andes:
- Respetar y proteger a la población civil, absteniéndose de involucrarla en hostilidades.
- Permitir el ingreso irrestricto de organismos de socorro y misiones humanitarias.
- Adoptar medidas para evitar riesgos a las misiones humanitarias, incluyendo la información sobre artefactos explosivos.
- Abstenerse de acciones armadas que dificulten evacuaciones y asistencia.
Por su parte, la Gobernación de Nariño, ante la situación, convocó un Consejo Extraordinario de Seguridad y activó un plan interinstitucional. Esto incluyó el envío de un carrotanque con más de 15.000 galones de agua potable y el avance de trabajos para restablecer el suministro eléctrico. El secretario de Paz de Nariño, Alex Javier González, ha indicado que estas acciones buscan reforzar la presencia institucional y atender la emergencia. Sin embargo, la magnitud de la crisis exige una respuesta coordinada y sostenida que logre mitigar los efectos de la violencia y los desastres naturales en estas comunidades vulnerables.
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