Exdirector de DNI confesó ofertas de SAE a guerrilleros por información

Bogotá, Colombia – Una confesión del exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Jorge Lemus, ha provocado un debate sobre los métodos empleados por el gobierno del presidente Gustavo Petro para la obtención de información sensible. Lemus admitió haber ofrecido bienes administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y pagos a miembros de grupos guerrilleros a cambio de inteligencia, aunque insistió en que estas ofertas nunca se materializaron.

La revelación del «Narcochofer» y el audio clave

La controversia surgió a partir de una investigación periodística de la revista Semana, que divulgó el contenido de un audio grabado el 18 de julio de 2025. En esta grabación, se escucha a Lemus en conversación con Manuel Antonio Castañeda, conocido como el «Narcochofer», un individuo con un historial de intermediación entre la mafia colombiana y diversas instancias gubernamentales. El audio revelaría que Lemus, durante su gestión al frente de la DNI, propuso la entrega de bienes de la SAE y la interrupción de varias órdenes de captura a cambio de datos estratégicos.

Según Castañeda, alias el «Narcochofer», este acuerdo había sido previamente pactado con Augusto Rodríguez, entonces director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), y Lemus solo estaría refrendando lo ya acordado. Estas afirmaciones han añadido una capa de complejidad a la investigación, sugiriendo una posible cadena de pactos con actores al margen de la ley.

La versión de Jorge Lemus: una estrategia para obtener inteligencia

Frente a la gravedad de las acusaciones, Jorge Lemus se pronunció públicamente, ofreciendo su versión de los hechos. Según el exfuncionario, estas ofertas eran una práctica recurrente en el ámbito de la inteligencia, utilizada exclusivamente como un señuelo para motivar la entrega de información valiosa, pero sin la intención real de concretarlas. “Esas citas siempre se dan. Uno les ofrece, pero no es que les vaya a dar, pero esperando que ellos den la información, porque nos interesa es la información. Eso es lo que pasa siempre”, declaró Lemus.

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El exdirector de la DNI enfatizó que, en su caso, ninguna de estas promesas llegó a ejecutarse. «En este caso, no se dio; yo no hablé con la SAE», aseguró. Lemus sugirió que la situación de Augusto Rodríguez pudo ser similar, expresando su certeza de que el exdirector de la UNP tampoco habría concretado gestiones con la SAE sobre este asunto.

Justificación y límites de las ofertas

Lemus argumentó que la facultad para hacer este tipo de ofrecimientos radicaba en la necesidad imperiosa de obtener información que pudiera considerarse de «seguridad nacional». Insistió en que la naturaleza de la inteligencia a menudo requiere aproximaciones poco convencionales, pero que la materialización de las promesas nunca fue parte del proceso. «Nunca se materializó de las veces que les ofrecíamos, esperando información, a veces acercándolos para que nos dieran la información», reiteró.

En este contexto, el exfuncionario precisó que, legalmente, la DNI solo podía entablar diálogo con la Fiscalía General de la Nación para que esta institución promoviera acercamientos de negociación voluntaria, siempre bajo el marco de la ley. Además, Lemus detalló que, si bien la DNI no otorgaba recompensas directas a miembros de la delincuencia, sí se realizaban pagos a fuentes de información provenientes de estos mismos grupos criminales, especialmente fuera de Bogotá, y que sí se destinaban recompensas para el Ejército.

Contexto en Colombia: La Sociedad de Activos Especiales (SAE) y el desafío de la paz total

Este episodio se inscribe en un complejo escenario político y de seguridad en Colombia, donde la Sociedad de Activos Especiales (SAE) juega un papel crucial. La SAE es la entidad encargada de administrar y monetizar los bienes incautados a la mafia y a la corrupción, con el fin de que estos recursos retornen al Estado para inversión social. Sin embargo, su gestión ha sido históricamente objeto de controversias y señalamientos de irregularidades. La posibilidad de que bienes bajo su tutela sean ofrecidos o utilizados como moneda de cambio con grupos armados ilegales añade una capa de cuestionamiento sobre la transparencia y la integridad de esta institución.

A esto se suma la política de «Paz Total» del gobierno de Gustavo Petro, que busca entablar diálogos y negociaciones con diversos grupos armados, incluyendo guerrillas y bandas criminales, con el objetivo de reducir la violencia y lograr una pacificación del país. Esta política ha generado intensos debates sobre los límites de la negociación, las posibles concesiones y la forma en que el Estado interactúa con actores ilegales. La confesión de Lemus, aunque él la presenta como una táctica de inteligencia sin ejecución final, alimenta las críticas de quienes perciben que la «Paz Total» podría estar abriendo puertas a pactos que comprometen la institucionalidad y la lucha contra el crimen organizado.

Las implicaciones de esta revelación son significativas:

Pone en entredicho la efectividad y ética de ciertas prácticas de inteligencia.
Genera dudas sobre la integridad en la gestión de los bienes de la SAE.
Alimenta el debate sobre los alcances y riesgos de la «Paz Total» al interactuar con estructuras criminales.

La Fiscalía General de la Nación y otros organismos de control deberán profundizar en esta investigación para esclarecer si hubo ofrecimientos que excedieron el ámbito táctico y si se configuraron acciones que pudieran comprometer la institucionalidad del Estado colombiano.