Bogotá, Colombia – En un movimiento que redefine la política ambiental del país, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, bajo la dirección del ministro Fabio Arjona, ha revocado la resolución que declaraba la Quebrada La Baja, en el Macizo de Santurbán, como Reserva de Recursos Naturales Renovables y que, consecuentemente, restringía la explotación minera en la zona. Esta decisión, formalizada mediante la Resolución 1037 del 13 de agosto de 2026, anula una medida clave implementada por la exministra Irene Vélez un día antes de la culminación del anterior gobierno.
La noticia ha provocado una inmediata y enérgica reacción por parte de los comités defensores del agua y del páramo de Santurbán, quienes han anunciado acciones jurídicas y movilizaciones sociales para preservar este ecosistema vital, fuente hídrica para más de dos millones de personas en el nororiente colombiano.
La Delimitación de Santurbán: Una Década de Disputas
El páramo de Santurbán, un ecosistema de alta montaña que se extiende por los departamentos de Santander y Norte de Santander, ha sido históricamente un epicentro de tensiones entre el desarrollo minero y la conservación ambiental. Su importancia radica no solo en su rica biodiversidad, sino en ser una «fábrica de agua» que abastece a ciudades clave como Bucaramanga y Cúcuta, además de múltiples municipios. La delimitación de sus fronteras, crucial para determinar qué actividades son permitidas, ha sido un proceso largo y contencioso.
En 2011, la Ley 1450 ordenó la identificación y delimitación de los páramos para garantizar su protección. Esto llevó a la expedición de la Resolución 2090 de 2014, que estableció una primera delimitación de Santurbán. Sin embargo, esta demarcación fue posteriormente tumbada por la Corte Constitucional a través de la Sentencia T-361 de 2017, al considerar que no se tuvo en cuenta a las comunidades que habitan en la alta montaña. Desde entonces, el proceso de una nueva delimitación ha enfrentado múltiples aplazamientos y controversias, incluyendo impedimentos de ministros por conflictos de interés.
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🔥 Lo más vendido en TemuToca para ver precios y ofertas →Contexto Político y Temporalidad de las Decisiones
La controversia actual se inserta en un patrón recurrente de decisiones tomadas en momentos de transición gubernamental, a menudo denominadas «resoluciones de último minuto». La Resolución 0994 del 6 de agosto de 2026, expedida por la exministra Irene Vélez, buscaba precisamente blindar un sector de la microcuenca de la quebrada La Baja, declarándola Reserva de Recursos Naturales Renovables. Esta acción se interpretó como un intento por dejar un legado de protección ambiental y restringir la actividad minera de multinacionales en una zona crítica.
La revocatoria por parte del nuevo gobierno, liderado por el ministro Fabio Arjona, se produce solo una semana después de la posesión, lo que subraya la celeridad y la prioridad de esta decisión para la nueva administración. Aunque la resolución de revocación no detalla las motivaciones más allá de la anulación directa de la medida anterior, la implicación es que se busca una revisión de la política de protección o, al menos, un nuevo enfoque sobre la viabilidad de la minería en zonas consideradas sensibles.
Implicaciones y Reacciones Inmediatas
La Resolución 1037 del 13 de agosto de 2026 es explícita en su propósito:
- «Revocar directamente la Resolución 0994 del 6 de agosto de 2026, ‘Por la cual se delimita y declara la Reserva de Recursos Naturales Renovables de carácter definitivo ‘La Baja’, en un sector de la microcuenca de la quebrada La Baja, en el Macizo de Santurbán, y se dictan otras disposiciones'».
Esta acción ha encendido las alarmas entre los defensores del páramo. El Comité para la Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán ha declarado que no permanecerá pasivo. Sus voceros han anticipado la interposición de acciones jurídicas, buscando agotar todos los recursos legales para que la protección de la Quebrada La Baja sea restaurada. Adicionalmente, se esperan movilizaciones y protestas en la región, un mecanismo que la ciudadanía ha empleado en el pasado para expresar su oposición a proyectos mineros que, a su juicio, comprometen el suministro hídrico y la integridad ambiental.
La pugna entre los intereses económicos de la gran minería y la imperativa necesidad de proteger los ecosistemas de páramo es un debate estructural en Colombia. Santurbán, con sus vastas reservas de oro, sigue siendo un punto focal de esta confrontación. La revocatoria de esta medida de protección específica en la Quebrada La Baja, aunque puntual, podría sentar un precedente o indicar una dirección en la política extractiva del nuevo gobierno, que sin duda será objeto de un escrutinio minucioso por parte de la sociedad civil y los organismos de control ambiental.
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