Maestros de Los Ángeles Patrullan Contra ICE para Proteger Estudiantes

Los Ángeles, California – El inicio del ciclo escolar en el segundo distrito educativo más grande de Estados Unidos ha puesto de manifiesto una faceta inusual y crítica del rol docente: la protección directa de estudiantes y sus familias frente a las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Decenas de educadores y voluntarios recorren las calles de Los Ángeles, particularmente en barrios de mayoría hispana, para alertar sobre posibles operativos migratorios.

Esta labor, que se extiende más allá del aula, se ha convertido en una respuesta organizada de la comunidad escolar ante la intensificación de las políticas migratorias. Maestras como Ingrid Villeda y Olga, quienes prefieren mantener en reserva sus apellidos y la identificación de sus centros de trabajo, dedican las primeras horas de la mañana a vigilar los alrededores de las escuelas, buscando señales de la presencia de agentes de ICE. Su objetivo es claro: «No pueden quitarnos a ningún niño», afirma Villeda.

La Vigilancia Comunitaria: Un Escudo Urbano

Los «patrullajes comunitarios» son una iniciativa que reúne a maestros, personal escolar, activistas y miembros de la comunidad. Equipados con radios y con imanes en sus vehículos que anuncian «Protegiendo a la comunidad del terror de la migra y los secuestros», estos voluntarios buscan detectar cualquier movimiento sospechoso. La presencia de camionetas sin identificación o vehículos con placas alteradas son motivos de alerta. La información se comparte para que las familias puedan tomar precauciones, pues el temor a las detenciones ha generado un ambiente de zozobra.

Olga, una de las maestras voluntarias, subraya la importancia de esta acción: «Lo hacemos porque eso afecta a nuestras familias, a nuestros niños. Sus padres tienen miedo de salir a la calle. Pero si sabemos que algo está ocurriendo en la comunidad, podemos alertarlos». La experiencia les ha enseñado la eficacia de su labor; en ocasiones, han presenciado detenciones a pocas cuadras de las zonas escolares, lo que refuerza su compromiso.

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Casos Emblemáticos y Reacción del Distrito Escolar

El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD), que atiende a más de 370.000 alumnos, de los cuales aproximadamente el 70% son de origen hispano, ha mantenido un historial conflictivo con ICE. Se han documentado incidentes específicos que han elevado la preocupación:

En agosto de 2025, un adolescente de 15 años con necesidades especiales fue detenido a punta de pistola a las afueras de la preparatoria Arleta. Fue esposado tras ser confundido con otra persona y liberado después de la intervención de familiares, autoridades escolares y la policía local.
Pocos días después, Benjamin Marcelo Guerrero Cruz, de 18 años, estudiante de la preparatoria Reseda Charter, fue interceptado mientras paseaba a su perro. Su visa de turista había vencido en 2023. Tras ser trasladado a centros de detención en California y Arizona, y con la amenaza de deportación a Chile, fue liberado tres meses después.

Estos episodios impulsaron al LAUSD a reforzar sus medidas de seguridad en más de 1.500 centros educativos. El distrito ha implementado «una presencia visible en las comunidades afectadas y protocolos de respuesta rápida ante cualquier posible actuación de las autoridades». Su postura es firme: «Todos los niños deben estar en la escuela y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para mantener nuestras escuelas seguras, acogedoras y propicias para todos».

Capacitación y Protocolos de Respuesta

El grupo Unión del Barrio ha coordinado la capacitación de decenas de voluntarios, incluyendo educadores, para esta labor de vigilancia. En las instalaciones del Sindicato de Maestros de Los Ángeles (UTLA), se les instruyó sobre sus derechos a documentar las actividades de ICE con sus teléfonos celulares, aunque también se les advirtió sobre los riesgos inherentes, incluida la posibilidad de ser detenidos. «Todavía puede haber violencia, puede haber arrestos de parte de los agentes del ICE, aunque nosotros no hagamos nada ilegal», explica Ron Gochez, maestro de la preparatoria Maya Angelou y dirigente de Unión del Barrio.

El impacto de estas operaciones trasciende las detenciones directas. Gochez relata una imagen desoladora: una alumna graduándose mientras su madre, deportada a Tijuana (México), seguía la ceremonia por videollamada. Esta realidad, el temor constante a la separación familiar, se ha vuelto parte integral de la vida de muchos estudiantes desde la reanudación de políticas migratorias más estrictas.

Medidas de Protección en el Interior de las Escuelas

En escuelas como la primaria 93rd Street, donde trabaja Ingrid Villeda, los «patrullajes comunitarios» son solo una de las capas de protección. Una segunda fase incluye a voluntarios con chalecos reflectantes y radios de banda civil en las esquinas cercanas. Además, al inicio del ciclo escolar, se permite a los padres acompañar a sus hijos hasta el patio, una medida que facilita cerrar las puertas y resguardar a los padres en caso de la presencia de ICE.

El personal escolar también cuenta con un código secreto para alertar sobre la posible presencia de ICE y activar el cierre de puertas. Adicionalmente, se envían correos electrónicos y mensajes de texto a las familias para que tomen precauciones. Ingrid Villeda, quien llegó a Los Ángeles desde Guatemala a los diez años y fue indocumentada, imparte cursos a las familias sobre cómo actuar durante una redada y qué hacer si son detenidos. Su compromiso es personal, forjado en una experiencia migratoria que la hace empatizar profundamente con sus alumnos y sus padres.

Esta situación en Los Ángeles refleja una tendencia más amplia en Estados Unidos donde las comunidades migrantes, especialmente las latinas, enfrentan una constante incertidumbre. El contexto nacional, marcado por un endurecimiento de la retórica y las políticas migratorias desde administraciones recientes, ha generado un estado de alerta que permea la vida cotidiana, incluso en los entornos educativos. La respuesta de los educadores y la comunidad es un ejemplo de cómo la sociedad civil busca generar sus propias redes de apoyo y defensa ante lo que perciben como una amenaza a la estabilidad y el bienestar de los menores.