Bogotá, Colombia – El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha escalado sus acusaciones sobre una presunta campaña de desprestigio en su contra y la de su gobierno, revelando detalles de una denuncia presentada ante la Fiscalía General de la Nación. Petro señala directamente al partido Centro Democrático, empresarios y una «mafia internacional» como los presuntos financistas de un entramado digital que utilizó miles de bots para manipular la opinión pública.
Las declaraciones del mandatario, difundidas a través de sus redes sociales, se enmarcan en un contexto de polarización política y crecientes tensiones sobre la legitimidad de las instituciones y los procesos electorales en el país. El presidente ha reiterado su preocupación por la supuesta naturaleza fraudulenta de las elecciones presidenciales que lo llevaron al cargo, aduciendo que la Registraduría no facilitó una auditoría exhaustiva del código fuente del software de preconteo y escrutinio.
La Denuncia Presidencial: «Petroleaks» bajo el microscopio de la Fiscalía
Según el presidente Petro, un portal denominado “Petroleaks” sería el epicentro de esta operación de desprestigio. Petro afirmó que esta plataforma fue financiada con «fondos internacionales con dineros públicos de Medellín y de la mafia», destinados a atacar a su administración y al senador Iván Cepeda, figura prominente de su bancada.
En su publicación, el jefe de Estado describe cómo «Petroleaks» habría irradiado mensajes falsos y difamatorios a través de «miles de bots, perfiles falsos o personas pagas, robots construidos desde empresas de informática para manipular la mentalidad del que lee sus mensajes por redes y son absolutamente falsos y delictivos pues buscan la destrucción pública de personas, gobiernos y proyectos políticos legítimos».
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El presidente Petro no dudó en identificar a los que, según su denuncia, estarían detrás de esta estructura. Nombró específicamente a Juan Ricardo Palacio Escobar y al ciudadano italiano Andrea Baggio como las personas que operarían “Petroleaks”. La administración de la plataforma se realizaría a través de las firmas “Grupo Digital Recovery” y “Reputación Up”, con operaciones registradas en Estados Unidos, Colombia, Panamá, Brasil, España e Italia.
El mandatario también expuso un presunto esquema de lavado de dinero, sugiriendo que «millones de pesos se consignan en las cuentas de las empresas de los señores Palacios y Baggio en Colombia y se trasladan a cuentas personales del señor Palacios, así se rompe la trazabilidad y de esas cuentas en el exterior se gira a otros fines. Para evadir impuesto de renta se simulan deudas con empresas espejo o no existentes».
Financiación y Conexiones Políticas y Criminales
Uno de los puntos más álgidos de la denuncia de Petro es la vinculación del Centro Democrático con la financiación de esta presunta campaña. El presidente afirmó que:
- Entre los financiadores, desde finales de 2025 y durante 2026, figura la empresa Detech Les SAS y el partido Centro Democrático, aportando «casi mil millones de pesos en total».
- Detech Les SAS sería propiedad de Luis Javier García Correa, descrito como «militante muy activo del Centro Democrático de Antioquia».
- También mencionó a Álvaro José Londoño Mejía, quien habría movido dinero en 2023 cerca de las elecciones locales y es señalado como financiador del actual gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.
Adicionalmente, Petro implicó en esta red a intereses del «Clan del Golfo» y a un exparamilitar cercano a Jorge 40, socio a su vez de Abelardo de la Espriella, abogado conocido por su cercanía con sectores de la derecha colombiana. Esta conexión sugiere un entramado complejo que iría más allá del ámbito político, adentrándose en esferas criminales.
Contexto Político Colombiano: Deslegitimación y Control Narrativo
Las acusaciones del presidente Petro no son un hecho aislado en el convulso panorama político colombiano. Desde su llegada al poder, su gobierno ha enfrentado una oposición contundente y un escrutinio mediático constante. La denuncia sobre “Petroleaks” se inscribe en una estrategia más amplia de la Casa de Nariño para contrarrestar lo que consideran una «guerra sucia» digital, cuyo objetivo sería deslegitimar al gobierno y obstaculizar sus reformas.
La mención explícita del Centro Democrático, principal partido de oposición y de tendencia uribista, intensifica la confrontación política y aviva el debate sobre el uso de estrategias no convencionales en la disputa por el poder y el control narrativo. La justicia colombiana, a través de la Fiscalía, tendrá ahora la responsabilidad de investigar la veracidad de estas graves acusaciones que, de confirmarse, podrían tener repercusiones significativas para la política nacional y la confianza en los procesos democráticos y electorales del país.
Los señalamientos de Petro, que incluyen la vinculación de dineros públicos, empresarios y facciones armadas ilegales, pintan un cuadro de profunda injerencia en la esfera pública digital, desafiando la integridad del debate político en Colombia.
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