Bogotá, Colombia – El expresidente Juan Manuel Santos, Premio Nobel de Paz y signatario del Acuerdo de Paz de 2016 con la extinta guerrilla de las FARC, lanzó una enérgica advertencia al presidente electo, Abelardo de la Espriella. Durante su participación en el Festival Gabo en Bogotá, Santos instó a De la Espriella a implementar el pacto de paz y se mostró inflexible ante cualquier intento de modificar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Las declaraciones de Santos, realizadas a cuatro meses de cumplirse una década de la histórica firma del acuerdo, resaltan la preocupación por la estabilidad institucional y el futuro del proceso de paz en Colombia. Subrayó que cualquier esfuerzo por desmantelar o cambiar la JEP sería una “pelea perdida”, advirtiendo al nuevo gobierno sobre la inviabilidad de tales acciones.

La Vigencia del Acuerdo de Paz y sus Desafíos

Santos enfatizó que el Acuerdo de Paz “sigue vigente” y destacó un dato crucial: cerca del 85% de los excombatientes que se acogieron al pacto continúan cumpliendo sus compromisos. Esta cifra, según el expresidente, es excepcional en el panorama internacional, donde casi la mitad de los acuerdos de paz fracasan en sus primeros cinco años.

A pesar de este cumplimiento por parte de los desmovilizados, Santos criticó la implementación deficiente del acuerdo, responsabilizando tanto al gobierno de su sucesor, Iván Duque, como al actual de Gustavo Petro.

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Implementación Insuficiente: Responsabilidad de Dos Gobiernos

  • Gobierno de Iván Duque: Según Santos, la administración anterior se opuso ideológicamente al acuerdo, lo que derivó en una implementación limitada y una falta de compromiso con los compromisos adquiridos por el Estado.
  • Gobierno de Gustavo Petro: El expresidente argumentó que la administración actual, al priorizar la política de “paz total”, relegó a un segundo plano el acuerdo con las FARC, dejando incompleta su materialización.

Advertencias sobre la Modificación de la JEP

Las intenciones de Abelardo de la Espriella de reformar la JEP, manifestadas durante su campaña electoral, han generado reacciones diversas y han puesto en el centro del debate la constitucionalidad y la viabilidad política de tales cambios.

Santos recordó a De la Espriella que “cuando se siente en la silla presidencial, se va a encontrar con una realidad. La Constitución y las leyes dicen expresamente que tiene que implementar el acuerdo de paz”. A ello añadió que cualquier modificación a la justicia transicional requeriría una reforma constitucional, y el nuevo gobierno, en su opinión, no contará con las mayorías legislativas necesarias para aprobarla.

Consecuencias Internacionales de un Incumplimiento

El expresidente fue categórico al advertir que desconocer los compromisos con los excombatientes tendría repercusiones significativas en el ámbito internacional. Encarcelar a antiguos comandantes de las FARC que se acogieron al acuerdo, como ha sugerido De la Espriella, sería un acto de “perfidia”.

Según Santos, esta acción implicaría el incumplimiento de acuerdos respaldados por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, lo que podría acarrear sanciones diplomáticas y una pérdida de credibilidad para Colombia en el escenario global.

Contexto Nacional: La Fragilidad de los Procesos de Paz en Colombia

Colombia, y en particular regiones como el suroccidente del país, tienen una historia compleja y dolorosa ligada a los conflictos armados y los subsiguientes procesos de paz. La implementación de acuerdos como el de 2016 es fundamental para la estabilización de territorios que han sufrido décadas de violencia, desplazamientos y abandono estatal. En el Valle del Cauca, Cauca, y Nariño, la presencia de grupos armados ilegales persiste, y la débil implementación de los pactos de paz ha sido un factor que ha permitido la reconfiguración de la violencia y la aparición de nuevas disputas territoriales.

Muchos de estos departamentos han visto cómo la tierra prometida a excombatientes y víctimas no llega, cómo los proyectos productivos se estancan y cómo las garantías de no repetición son difíciles de consolidar en un escenario de profunda desigualdad y falta de oportunidades. La JEP, a pesar de sus detractores, representa el componente de justicia, verdad y reparación indispensable para que Colombia logre pasar página de un conflicto que ha desgarrado su tejido social. Modificarla sin el consenso social y político necesario no solo abriría viejas heridas, sino que además podría deslegitimar los esfuerzos de millones de personas por construir una paz duradera.

Disposición a Colaborar

A pesar de sus críticas, Juan Manuel Santos manifestó su disposición a colaborar con el nuevo Gobierno si así se le solicita. “Estoy totalmente dispuesto a ayudarle. Los expresidentes estamos obligados a contribuir a que al país le vaya bien. Yo no soy ni petrista, ni uribista, ni de De la Espriella. Soy colombiano”, afirmó, marcando una postura de responsabilidad institucional por encima de las polarizaciones políticas actuales.

La postura de Santos subraya la importancia de preservar los avances logrados en el proceso de paz y de no ceder a presiones políticas que puedan poner en riesgo la estabilidad y la reconciliación nacional.

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