Manizales, Colombia. El futuro de la tauromaquia en Colombia se encamina hacia un nuevo capítulo de confrontación entre defensores y detractores. El sector taurino de Manizales, reconocido epicentro de la tradición taurina en el país, ha anunciado su intención de solicitar al gobierno entrante de Abelardo de la Espriella la derogación del Decreto 0703 del 7 de julio de 2026, emitido durante la administración del presidente Gustavo Petro. Este movimiento busca revertir las restricciones impuestas a las corridas de toros en el periodo de transición previo a su prohibición definitiva en julio de 2027.

La polémica se centra en cómo el Decreto 0703, lejos de prohibir directamente la tauromaquia —una medida ya establecida por la Ley 2385 de 2024—, reglamenta el último año de transición, modificando sustancialmente las condiciones bajo las cuales pueden llevarse a cabo estos espectáculos. Según el empresario taurino Camilo Gaviria, portavoz de la iniciativa en Manizales, las nuevas normativas desvirtúan la esencia de la corrida tradicional, lo que ha generado una profunda inconformidad en el gremio.

El contexto de la Ley 2385 y el Decreto 0703

La Ley 2385 de 2024, conocida como Ley No Más Olé, marcó un hito en la legislación colombiana al decretar la prohibición definitiva de espectáculos taurinos como corridas, rejoneo, novilladas y becerradas a partir de julio de 2027, tras un periodo de transición de tres años. El Decreto 0703 de 2026, expedido por el Gobierno Nacional, surgió para detallar las condiciones de este periodo.

El Ministerio de las Culturas, Artes y Saberes ha justificado la reglamentación como un acompañamiento a la transformación progresiva de las plazas de toros, promoviendo su uso para eventos culturales, artísticos, deportivos y comunitarios, en línea con la tendencia global y la creciente conciencia sobre el bienestar animal.

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Restricciones clave del Decreto 0703 que generan inconformidad

Las principales objeciones del sector taurino en Manizales se dirigen hacia varios puntos del decreto:

  • Corridas incruentas: La medida más controvertida es la exigencia de que los espectáculos sean incruentos, lo que prohíbe el uso de elementos o prácticas que causen heridas o dolor a los animales. Esto implica la eliminación de elementos punzantes, fundamentales en la lidia tradicional para los puristas.
  • Restricción geográfica: Los eventos taurinos solo podrán realizarse en municipios con una tradición taurina regular, periódica e ininterrumpida desde 2010. Los organizadores deben acreditar documentalmente esta continuidad, un requisito que si bien favorece a ciudades como Manizales, establece un filtro riguroso.
  • Prohibición de participación de menores: Queda vetado el ingreso y la participación de menores de 18 años tanto como espectadores como en cualquier actividad relacionada con el espectáculo taurino.
  • Financiación pública: Se prohíbe el uso de recursos públicos para financiar actividades taurinas o construir infraestructura destinada a estos espectáculos.

Manizales: Cuna taurina en el epicentro de la disputa

Para Manizales, capital del departamento de Caldas, el debate tiene una resonancia especial. La temporada taurina es un pilar histórico de la emblemática Feria de Manizales, reconocida a nivel nacional e internacional. La Plaza de Toros de la ciudad ha sido por décadas un escenario ineludible de la tauromaquia colombiana y un símbolo cultural de la región cafetera.

La postura de los taurinos de Manizales refleja no solo la defensa de una práctica sino también la preocupación por las implicaciones económicas y culturales que las restricciones podrían acarrear para la Feria, que atrae a miles de visitantes cada año. La identidad de la ciudad, para muchos, está intrínsecamente ligada a su tradición taurina, un argumento que se contrapone con las demandas por la protección animal.

El desafío legal y político para el próximo gobierno

La petición de derogación al gobierno de Abelardo de la Espriella plantea un complejo escenario jurídico y político. El Decreto 0703 es una reglamentación de una ley aprobada por el Congreso, lo que limita la capacidad del Ejecutivo para modificarla unilateralmente. Cualquier cambio sustancial requeriría una revisión legislativa, no meramente un decreto.

El nuevo gobierno deberá evaluar el alcance de sus facultades para intervenir en una materia tan delicada. La decisión de acoger o desechar la solicitud de los taurinos marcará un precedente sobre su postura frente a las medidas tomadas por la administración anterior y, más allá, frente a la discusión entre tradición cultural y bienestar animal que divide a la sociedad colombiana.

Manizales, con su arraigada tradición, se posiciona una vez más como el epicentro de esta contienda, evidenciando que el fin de la tauromaquia en Colombia, aunque legislado, sigue siendo un campo de batalla para distintas visiones de país.

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