Fiscalía solicita cárcel para fundadores de Lili Pink por lavado de activos

La Fiscalía General de la Nación ha solicitado formalmente la imposición de medida de aseguramiento intramural contra ocho personas, entre ellas los fundadores de la reconocida marca de ropa interior Lili Pink, en el marco de una investigación por presunto lavado de activos y contrabando. La solicitud, presentada por la fiscal Alejandra Gómez Freidel de la Dirección Especializada contra Delitos Fiscales, se fundamenta en la consideración de que los señalados representan un riesgo de fuga y podrían obstaculizar el curso del proceso penal.

Implicados y el entramado criminal

Los principales señalados en este entramado son Max Marvin Abadi y su hijo David Max Abadi Homsani, identificados como fundadores de la empresa. Junto a ellos, la Fiscalía ha implicado al empresario nicaragüense Malaquilla Bismar Hernández y a los ciudadanos colombianos Lorena Bernal Castro, Myriam Luz de las Mercedes Sánchez Laguna, Jonnatan Villamil Soler, Luz Adriana López López y Merlín Roxana Mendoza Arias.

La investigación, que se inició tras destapar un presunto esquema de contrabando, apunta a que estas personas habrían orquestado un complejo sistema para dar apariencia de legalidad a millonarios recursos. Según la argumentación fiscal, se crearon empresas fachada y sociedades comerciales con domicilios en Panamá, Nicaragua y Barranquilla. Estas entidades habrían sido utilizadas para realizar importaciones ficticias de textiles, ropa y accesorios.

Empresas fachada y domicilios inexistentes

Un aspecto clave de la acusación radica en la naturaleza de estas sociedades. La fiscal Gómez Freidel detalló que varias de las empresas reportaban domicilios inexistentes, ubicados en lotes baldíos o en viviendas sin ninguna relación con la actividad económica declarada. Esto, según la Fiscalía, buscaba simular operaciones comerciales y justificar el movimiento de capitales ilícitos.

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Adicionalmente, se reveló que los involucrados habrían utilizado nombres de empleados con distintos cargos, haciéndolos figurar como socios y accionistas para sus fines criminales. Un ejemplo ilustrativo es el caso de Jonnatan Villamil Soler, quien, pese a desempeñarse como conductor, asistente y operario, apareció como socio y único accionista de la sociedad Pink Life S.A.S., constituida en octubre de 2015.

Magnitud del contrabando y el lavado de activos

El esquema de legitimar operaciones ilícitas de importación y exportación habría, según las autoridades, concretado un contrabando de mercancías valorado en 783.000 millones de pesos. Esta millonaria cifra es la base de la imputación por lavado de activos, uno de los delitos más reprochables por su impacto en la economía nacional y su vinculación con otras actividades criminales.

Pese a la contundencia de las pruebas presentadas por la Fiscalía, los ocho procesados no aceptaron los cargos de concierto para delinquir con fines de contrabando, lavado de activos y enriquecimiento ilícito, imputados el pasado 16 de julio.

Contexto y situación actual de Lili Pink en Colombia

El caso Lili Pink no es un hecho aislado en el panorama económico colombiano. El contrabando y el lavado de activos representan un desafío constante para las autoridades, especialmente en sectores como el textil y de confecciones, donde la informalidad y las complejas cadenas de suministro pueden facilitar estas prácticas. Las regiones portuarias y fronterizas, por su parte, históricamente han sido puntos neurálgicos para la entrada ilegal de mercancías, generando presión sobre la industria nacional y evasión fiscal a gran escala. La persecución de estos delitos es una prioridad para el Estado colombiano, que busca sanear sus finanzas y proteger la inversión legítima.

Actualmente, Lili Pink cuenta con aproximadamente 400 tiendas distribuidas en todo el país. Tras las imputaciones, la administración de estas sucursales fue asumida por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad encargada de gestionar bienes incautados o sujetos a extinción de dominio, mientras el proceso penal contra los presuntos responsables avanza en los estrados judiciales.