En un movimiento legislativo que busca reconfigurar la política de drogas en Colombia, el partido Centro Democrático ha oficializado la radicación de un proyecto de ley enfocado en el decomiso de sustancias psicoactivas en espacios públicos. La propuesta, que será debatida en el Congreso a partir del próximo 20 de julio, plantea un endurecimiento de las medidas contra el porte y consumo, extendiéndose incluso a las cantidades catalogadas actualmente como dosis personal.
La iniciativa se presenta como una respuesta directa a la preocupación ciudadana por la seguridad y el microtráfico, buscando otorgar a las autoridades herramientas legales más robustas para intervenir en entornos sensibles como parques, cercanías de instituciones educativas, escenarios deportivos y la vía pública en general. El objetivo declarado por la bancada es proteger a la niñez y adolescencia de la exposición a estupefacientes.
Contexto político y el debate sobre la dosis personal en Colombia
La discusión sobre la dosis personal en Colombia no es nueva y ha sido objeto de recurrentes tensiones entre distintas visiones de política pública. Desde la Constitución de 1991, que despenalizó el consumo al considerarlo parte del libre desarrollo de la personalidad, se estableció un marco que ha permitido interpretaciones diversas sobre el porte. Sin embargo, la legislación y la jurisprudencia posteriores han intentado delimitar este concepto, buscando un equilibrio entre la libertad individual y la salud pública, así como la seguridad ciudadana.
Históricamente, la Corte Constitucional ha mantenido una postura que, si bien sanciona el microtráfico, ha protegido el porte de pequeñas cantidades para consumo personal. Esta posición choca con iniciativas que buscan prohibir categóricamente cualquier tipo de porte en el espacio público, argumentando el impacto negativo en la convivencia y el fomento del tráfico de sustancias.
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🔥 Lo más vendido en TemuToca para ver precios y ofertas →Un giro frente a la política actual del Gobierno Petro
El proyecto del Centro Democrático se erige como una contrapropuesta directa a la política antidrogas implementada por el Gobierno de Gustavo Petro. En diciembre de 2023, el Ejecutivo emitió el Decreto 2114, el cual derogó facultades previamente reglamentadas que permitían a la Policía incautar, en ciertos contextos, dosis personales. Esta medida fue interpretada por algunos sectores como una flexibilización en la lucha contra el consumo, mientras que sus defensores argumentaron que buscaba diferenciar entre consumidores y traficantes.
La propuesta del Centro Democrático, liderada por el expresidente Álvaro Uribe, busca revertir esa dirección. El partido argumenta que el enfoque actual ha debilitado la capacidad de la fuerza pública para mantener el orden en el espacio público y proteger a las poblaciones vulnerables del flagelo del microtráfico. Para el Centro Democrático, la habilitación de la Policía Nacional para actuar sin excepciones contra el porte de estupefacientes en estos entornos es crucial para la recuperación de la convivencia ciudadana.
Implicaciones del proyecto en el panorama colombiano
La radicación de esta iniciativa augura un intenso debate en el Congreso de la República, un escenario donde las posturas sobre la política de drogas se encuentran profundamente divididas. La discusión no solo abordará aspectos jurídicos relativos a los derechos individuales, sino también las implicaciones prácticas para la seguridad ciudadana, la salud pública y la efectividad de las estrategias contra el microtráfico.
Mientras el partido proponente enfatiza la necesidad de ‘blindar a la niñez’ y ‘recuperar la seguridad’, sectores que abogan por una política de drogas más enfocada en la salud pública y la reducción de daños podrían argumentar que la criminalización del porte de dosis personal sin distinciones podría saturar el sistema judicial, estigmatizar a los consumidores y no abordar las causas estructurales del consumo y el tráfico.
La trayectoria legislativa de este proyecto será un termómetro de las prioridades del Congreso en el próximo periodo legislativo, así como un indicador de la correlación de fuerzas políticas frente a algunos de los desafíos más complejos que enfrenta el país: la seguridad, el microtráfico y la búsqueda de un equilibrio en el manejo de las políticas de drogas.
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