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«titulo_seo»: «Fiscalía pospone indagatoria de Uribe por masacres en Antioquia hasta agosto»,
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«extracto»: «La Fiscalía General de la Nación ha reprogramado para agosto la indagatoria al expresidente Álvaro Uribe Vélez por su presunta vinculación con masacres paramilitares en Antioquia y el asesinato de Jesús María Valle.»,
«cuerpo_articulo_html»: «pLa indagatoria que la Fiscalía General de la Nación programó para el 24 de julio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, en relación con masacres paramilitares en Antioquia y el homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo, ha sido aplazada hasta el mes de agosto. La decisión responde a una solicitud de la defensa del exmandatario, quien había calificado la citación inicial como un «atropello»./ppLa diligencia judicial fue reprogramada para los días 18, 19 y 20 de agosto. La nueva fecha busca permitir a la defensa de Uribe Vélez una preparación más exhaustiva frente a los expedientes que investigan su presunta relación con la conformación y el actuar de grupos paramilitares en el departamento de Antioquia durante la década de los noventa. Este aplazamiento agrega un nuevo capítulo a un proceso judicial de larga data y alta complejidad./ph2El Origen de un Proceso Judicial Prolongado/h2pLa investigación contra Álvaro Uribe Vélez se reactivó formalmente en septiembre de 2020, cuando el político renunció a su escaño en el Senado de la República. Esta dimisión provocó que la competencia del caso pasara de la Corte Suprema de Justicia a la Fiscalía General de la Nación, una transición que ha sido objeto de debate y scrutinio público. Previamente, los expedientes habían sido abiertos y cerrados en el año 2000, para luego ser reactivados ante las nuevas pruebas y el cambio de jurisdicción./ppEl expresidente enfrenta tres procesos judiciales que lo vinculan directamente con episodios de violencia paramilitar. Estos incluyen la presunta vinculación con la conformación de un grupo paramilitar en el municipio de San Roque y las masacres perpetradas en los corregimientos de El Aro y La Granja, ambos ubicados en Ituango, Antioquia. Adicionalmente, se investiga su posible conexión con el asesinato de Jesús María Valle Jaramillo./ppUribe Vélez, al conocer la citación inicial de la Fiscalía, expresó su descontento a través de su cuenta de X, argumentando que la citación se realizaba «sin practicar las pruebas que ella decretó». En sus declaraciones, también hizo alusión a un proceso anterior con el magistrado César Reyes, donde, según él, fue indagado y privado de la libertad sin la práctica de pruebas concluyentes. El expresidente sugirió que la Fiscalía podría estar actuando bajo presiones políticas para “complacer al gobierno” y “tomar revancha”./ph2Contexto Antioqueño: Paramilitarismo y Territorio/h2pLos hechos bajo investigación se sitúan en un período crítico para Colombia, y particularmente para Antioquia, un departamento que sufrió una de las más cruentas fases de la expansión paramilitar. Durante la década de los noventa, la región se convirtió en un epicentro de confrontación entre guerrillas, paramilitares y fuerzas del Estado, con graves consecuencias para la población civil. Las masacres de El Aro y La Granja, en Ituango, son ejemplos paradigmáticos de la barbarie paramilitar y el control territorial ejercido mediante la violencia extrema. Ituango, en el norte antioqueño, estratégico por su posición geográfica y sus recursos, fue un corredor vital para grupos armados ilegales, que buscaron consolidar su poder y eliminar cualquier forma de oposición social o política. La presencia del paramilitarismo en Antioquia durante el tiempo en que Uribe Vélez fue gobernador (1995-1997) es un punto central de la investigación, buscando establecer posibles relaciones entre autoridades locales y estos grupos armados./ph2Detalles de los Casos Bajo Investigación/h2h3Masacre de La Granja, Ituango (1996)/h3pLa violencia paramilitar en La Granja se inició con el homicidio de cuatro campesinos el 11 de junio de 1996. Más de 20 paramilitares, bajo el mando de alias “Doble Cero” y siguiendo órdenes de Fidel y Vicente Castaño, así como de Salvatore Mancuso, perpetraron los asesinatos de William Villa García, Graciela Arboleda Rodríguez, Héctor Hernán García y Jairo de Jesús Sepúlveda Arias. Se presume que la incursión fue financiada desde la “oficina de finanzas” paramilitar en Medellín, conocida como el Parqueadero Padilla. En 2023, la Fiscalía llamó a juicio a Jacinto Soto Toro, alias “Lucas”, por administrar dicha organización./ppEste episodio había sido previamente investigado en relación con la hacienda Guacharacas, propiedad de la familia Uribe Vélez, que según la Corte Suprema en 2020, “al parecer utilizó como base de operaciones [la] Hacienda Guacharacas, ubicada entre los municipios de Yolombó y San Roque de propiedad de la familia Uribe Vélez para esa época”./ph3Masacre de El Aro, Ituango (1997)/h3pEntre el 22 y el 31 de octubre de 1997, el corregimiento de El Aro fue escenario de una masacre que dejó quince personas asesinadas y 40 viviendas incendiadas. Salvatore Mancuso ha relatado ante la justicia que cerca de 200 paramilitares, bajo el mando de Carlos Castaño, sembraron terror en la zona. Esta acción buscaba, según versiones, eliminar a habitantes señalados de ser colaboradores de la guerrilla sin pruebas fehacientes. La brutalidad de esta masacre quedó grabada en la memoria colectiva del país./ph3Asesinato de Jesús María Valle Jaramillo (1998)/h3pJesús María Valle Jaramillo, presidente del Comité de Derechos Humanos de Antioquia, fue asesinado el 27 de febrero de 1998 en su oficina de Medellín. El crimen ocurrió el mismo día en que esperaba a un campesino de Ituango para recibir su testimonio sobre la masacre de El Aro. En 1997, Valle Jaramillo había denunciado públicamente que las masacres paramilitares contaron con la participación de militares adscritos a la Cuarta Brigada del Ejército y había señalado el papel de funcionarios gubernamentales. En octubre de 2025, un juez de Medellín compulsó copias contra los hermanos Santiago y Álvaro Uribe Vélez por su posible responsabilidad en este crimen./ppRecientemente, el 4 de junio, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena de 28 años de prisión contra Santiago Uribe Vélez por el caso de “Los 12 Apóstoles”, una estructura paramilitar que operó entre 1992 y 1994, lo que ratifica la vigencia de estas investigaciones sobre paramilitarismo en Antioquia. La confirmación de esta sentencia subraya la complejidad y la persistencia de las investigaciones judiciales en torno a la violencia paramilitar en la región y sus posibles conexiones./p»
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