Boyacá instala inhibidores en cárceles para frenar extorsión carcelaria

Boyacá se prepara para implementar una medida disruptiva en la lucha contra la extorsión carcelaria. Para mediados de agosto, la Gobernación instalará inhibidores de señal en los centros penitenciarios de El Barne y Cómbita. Esta iniciativa, anunciada por la secretaria de Gobierno y Acción Comunal, Alejandra Pico, busca desmantelar una de las principales fuentes de este delito, que, según las autoridades, representa cerca del 80% de las extorsiones en el departamento.

La decisión surge de un acuerdo entre el gobernador Carlos Amaya y el ministro de Justicia, Jorge Cuervo, y es vista como un paso significativo para fortalecer la seguridad no solo en Boyacá, sino en otras zonas del país afectadas por esta modalidad criminal.

La Extorsión Carcelaria: Un flagelo persistente en Colombia

El fenómeno de la extorsión organizada desde las prisiones no es nuevo en Colombia. A pesar de los esfuerzos constantes de las autoridades, el control efectivo de las comunicaciones ilícitas dentro de los centros penitenciarios ha sido un desafío persistente. La extorsión telefónica, perpetrada por internos que logran introducir teléfonos móviles, se ha consolidado como una lucrativa fuente de ingresos para estructuras criminales, afectando la tranquilidad y el patrimonio de miles de ciudadanos.

Este tipo de delito aprovecha el aislamiento y la vulnerabilidad de las víctimas, a menudo utilizando tácticas de engaño, suplantación de identidad o amenazas directas. La capacidad de los reclusos para operar libremente con dispositivos móviles al interior de las cárceles subraya la urgencia de medidas tecnológicas como la que Boyacá implementará.

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Impacto de la medida en las cárceles de El Barne y Cómbita

La focalización en El Barne y Cómbita no es aleatoria. La cárcel de Cómbita, en particular, ha sido señalada en múltiples ocasiones como un epicentro de operaciones extorsivas a nivel nacional. Recientemente, entre el 2 y 3 de julio, un operativo conjunto de la Policía Nacional y la Fiscalía logró desarticular el grupo delincuencial “Los Fantasmas”, una red que operaba desde varios centros penitenciarios, con especial énfasis en Cómbita. Esta estructura delincuencial movía cerca de 700 millones de pesos mensuales solo en actividades extorsivas.

El operativo resultó en la captura de 16 personas por orden judicial, incluyendo cuatro funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). Estos funcionarios son investigados por presuntamente facilitar el ingreso de celulares, estupefacientes y otros elementos prohibidos que son cruciales para sostener las actividades ilícitas desde el interior de las prisiones. La instalación de inhibidores, por tanto, aborda directamente la raíz tecnológica de estas operaciones.

Acciones complementarias en seguridad

Más allá de la medida tecnológica, la Gobernación de Boyacá ha presentado un plan más amplio para reforzar la seguridad en la región. La secretaria Pico también informó sobre el avance en la gestión de seis proyectos para la construcción de nuevas estaciones de Policía en el departamento. Esta iniciativa, desarrollada en colaboración con el Ministerio del Interior, contará con cofinanciación entre la administración departamental y los municipios beneficiados. Los proyectos ya tienen avances significativos en Motavita, Sora y Panqueba, y se espera la aprobación para iniciar en Macanal, Chitaraque y Saboyá.

Cada una de estas estaciones representa una inversión estimada de 2.500 millones de pesos, recursos que buscan fortalecer la presencia institucional y ampliar la capacidad operativa de la Policía Nacional en zonas estratégicas de Boyacá. La combinación de tecnología para bloquear la comunicación ilegal en cárceles y la mejora de la infraestructura policial en municipios, demuestra un enfoque integral para combatir la delincuencia en la región.

Contexto socioeconómico y desafíos de seguridad en Boyacá

Boyacá es un departamento conocido por su riqueza agrícola, su patrimonio histórico y cultural, y por ser históricamente una de las regiones con tasas de criminalidad más bajas en comparación con otras áreas de Colombia. Sin embargo, no está exento de los desafíos de seguridad que afectan al país. La extorsión, aunque en menor escala que en grandes urbes o zonas de conflicto, impacta significativamente la economía local, especialmente a pequeños comerciantes, agricultores y ganaderos que son blanco fácil para las redes criminales.

La presencia de grandes centros penitenciarios como la cárcel de Cómbita, aunque contribuye a la infraestructura de seguridad nacional, también introduce complejidades adicionales al convertirse en puntos desde donde se irradia actividad delictiva. La inversión en seguridad no solo busca reducir la criminalidad, sino también mantener la confianza ciudadana y proteger la inversión local y externa en un departamento que busca consolidar su desarrollo económico y turístico.

Llamado a la ciudadanía

Las autoridades han reiterado el llamado a la ciudadanía para que mantenga la alerta frente a posibles intentos de extorsión y, fundamentalmente, no acceda a las exigencias económicas de los delincuentes. Se exhorta a denunciar cualquier incidente o sospecha a través de la línea gratuita 165 del Gaula, una herramienta clave para la recolección de información y la acción rápida contra estas organizaciones criminales. La colaboración ciudadana es un pilar fundamental en la estrategia de seguridad para desarticular estas redes y proteger a la población.