La Contraloría de Bogotá ha abierto un proceso de responsabilidad fiscal que asciende a más de 2.603 millones de pesos contra la administración distrital, liderada por el alcalde Carlos Fernando Galán. La investigación se centra en presuntas irregularidades detectadas en la atención a la primera infancia, específicamente una duplicidad en el beneficio recibido por 1.315 niños y niñas vulnerables.

Según el organismo de control, estos menores habrían sido atendidos de manera simultánea por la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) durante los años 2024 y 2025. Esta situación, de confirmarse, contraviene la normativa vigente que prohíbe que un mismo beneficiario reciba apoyo financiero de dos entidades públicas para programas de características similares, y plantea serias interrogantes sobre la eficiencia y transparencia en el uso de los recursos públicos.

El Origen de la Investigación y los Hallazgos Alarmantes

La alerta surgió a raíz de una indagación preliminar de la Contraloría de Bogotá. El cruce de bases de datos entre la SDIS y el ICBF reveló una coincidencia significativa: los mismos menores figuraban como beneficiarios activos en programas financiados por ambas entidades. Este hallazgo desató una investigación exhaustiva ante la sospecha de un posible detrimento patrimonial.

  • Casos Identificados en 2024: 339 menores.
  • Casos Identificados en 2025: 976 menores.
  • Total de Casos Duplicados: 1.315 niños y niñas.

Diego Samudio Caballero, subdirector de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría de Bogotá, enfatizó la gravedad de la situación, señalando que “esta situación no solo compromete recursos públicos, sino que limita la posibilidad de ampliar la cobertura de los programas dirigidos a la primera infancia. Cada cupo utilizado de manera duplicada representa una oportunidad menos para muchos niños”.

Impacto Financiero y Presunto Detrimento

El análisis técnico y financiero realizado por la Contraloría estima que el presunto daño fiscal supera los 2.603 millones de pesos. De este monto, más de 1.025 millones corresponderían al año 2024, y más de 1.122 millones a 2025. Este presunto desvío de fondos adquiere particular relevancia en el contexto de Bogotá, una ciudad que enfrenta permanentes desafíos en la implementación de programas sociales efectivos y en la garantía de derechos para su población más vulnerable.

La capital colombiana, como epicentro de concentración demográfica y migratoria, gestiona un presupuesto considerable para atención social. Sin embargo, la persistencia de indicadores de pobreza multidimensional y el elevado número de familias en situación de vulnerabilidad, acentúan la necesidad de la máxima eficiencia y probidad en la distribución de estos recursos. Cualquier indicio de ineficacia o mala gestión tiene un impacto directo en la capacidad del Distrito para responder a las necesidades urgentes de la población.

Falta de Controles Internos y Posibles Responsabilidades

La Contraloría ha apuntado que esta situación podría haberse generado debido a «graves fallas en los mecanismos de control y seguimiento» de la Secretaría Distrital de Integración Social. El informe detalla que la entidad no habría implementado de forma efectiva herramientas de verificación y validación que ya existían, como la Resolución 218 de 2023, el portafolio institucional de servicios y diversos protocolos internos de seguimiento.

Expertos en gestión pública señalan que la existencia de este tipo de duplicidades evidencia la debilidad en los sistemas de información interinstitucionales y la carencia de políticas claras para la unificación de bases de datos de beneficiarios. En Colombia, el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (SISBÉN) busca ser un instrumento centralizador, pero la autonomía de las entidades territoriales y nacionales en la ejecución de programas genera, en ocasiones, estas superposiciones.

El proceso de responsabilidad fiscal vinculará a varios funcionarios que se desempeñaron como subdirectores para la Infancia dentro de la Secretaría Distrital de Integración Social, quienes tenían la obligación de garantizar el adecuado seguimiento y control de los programas.

La Visión de la Administración Distrital

Desde la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), han rechazado la interpretación de la Contraloría, defendiendo la legalidad de su actuación. La entidad argumenta que la concurrencia y complementariedad entre distintos programas no necesariamente implica una duplicidad irregular, sino, en algunos casos, una articulación de servicios en pro del bienestar infantil.

La SDIS afirmó haber atendido a más de 48.000 niñas y niños durante 2024 y a más de 51.900 en 2025. Según su perspectiva, los 339 casos observados en 2024 representan apenas el 0,7 por ciento del total de beneficiarios, y los 976 casos de 2025 equivalen al 1,9 por ciento de la población atendida. Sin embargo, para la Contraloría, independientemente de los porcentajes, la irregularidad radica en el uso ineficiente de fondos públicos que podrían haber beneficiado a otros niños en lista de espera.

A medida que el proceso de responsabilidad fiscal avance, la administración distrital enfrentará un escrutinio riguroso. La Contraloría ha prometido mantener una vigilancia estricta sobre los recursos destinados a la primera infancia, buscando establecer responsabilidades y, en última instancia, recuperar los más de 2.603 millones de pesos que hoy son objeto de investigación.