Quito, Ecuador – El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha expedido un decreto que establece inmunidad para el personal extranjero que participe en las operaciones de seguridad enmarcadas en el denominado “conflicto armado interno”. Esta decisión busca fortalecer la cooperación internacional en la ofensiva contra el crimen organizado, una escalada que ha sumido a la nación andina en una profunda crisis de seguridad.

Inmunidad para la Cooperación Extranjera en el Conflicto Armado Interno

El decreto presidencial, firmado por Daniel Noboa, especifica que cualquier individuo extranjero que se involucre en las acciones contra la criminalidad, catalogada como “conflicto armado interno” desde enero de 2024, “gozará de inmunidad” conforme a los acuerdos internacionales suscritos por Ecuador. Esta medida se justifica ante la necesidad de recibir apoyo externo para la “neutralización de las amenazas” que alimentan la violencia generada por grupos dedicados al narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión.

Actualmente, Ecuador ya cuenta con soporte internacional, notablemente de Estados Unidos en materia de inteligencia, y de la Unión Europea en diversos frentes de seguridad. La disposición presidencial refuerza la intención de escalar esta colaboración, estableciendo un marco legal que protege a los cooperantes extranjeros de persecuciones judiciales, al menos, bajo la legislación ecuatoriana en el contexto de sus operaciones.

Alcance del Decreto Presidencial

El texto del decreto señala que las acciones estatales bajo el conflicto armado interno tienen como objetivo neutralizar “todas las estructuras que constituyan una amenaza para la soberanía nacional, la seguridad integral del Estado, el orden público, la paz social, la seguridad ciudadana y la protección de la población”. Esto subraya la amplitud de la embestida contra las organizaciones criminales, abarcando desde la protección fronteriza hasta la seguridad interna ciudadana.

Adicionalmente, el documento faculta al presidente, en concordancia con la Constitución, a conceder indultos, rebajar o conmutar penas a favor de personal militar, policial y civil que participe en estas operaciones. Asimismo, se exhorta a la Asamblea Nacional a considerar amnistías para quienes actúen en defensa del Estado.

Contexto de Violencia: Un Escenario Complejo en Ecuador

La medida de Noboa se inscribe en un contexto de acentuada crisis de seguridad en Ecuador. Aunque el país andino ha declarado el “conflicto armado interno” y ha implementado sucesivos estados de excepción, la violencia persiste y, en algunos indicadores, se ha recrudecido. En 2023, Ecuador registró unas cifras alarmantes de 9.281 asesinatos, lo que representa una tasa superior a 50 homicidios por cada 100.000 habitantes, una de las más elevadas de América Latina.

La situación ha provocado la activación de estados de excepción, el más reciente, anunciado esta semana, abarca sesenta días en diez provincias y tres municipios. Estas medidas restrictivas, que incluyen toques de queda y la presencia militar en las calles, buscan contener la expansión de la criminalidad.

Alertas sobre Derechos Humanos

Organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional, han expresado preocupación por presuntos abusos cometidos por fuerzas militares en el marco de este conflicto interno. Se han documentado 43 casos de presuntas desapariciones forzadas desde 2023, coincidiendo con el inicio del mandato de Noboa.

Uno de los casos más notorios involucró la detención irregular de cuatro menores afrodescendientes en Guayaquil, quienes posteriormente fueron hallados sin vida. La justicia condenó a militares implicados, con penas que oscilaron entre 30 meses y 34 años de prisión. Estos antecedentes evidencian la compleja intersección entre la necesidad de restablecer el orden y la salvaguarda de los derechos fundamentales en un escenario de confrontación armada.

La decisión de garantizar inmunidad a cooperantes extranjeros, aunque orientada a fortalecer la capacidad de respuesta del Estado ecuatoriano, introduce nuevas capas de análisis en torno a la soberanía, la rendición de cuentas y las garantías procesales en un conflicto que trasciende las fronteras nacionales por la naturaleza transnacional de las organizaciones criminales involucradas.