La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ha emitido una citación a indagatoria contra Yahir Fernando Acuña Cardales, excongresista y actual alcalde de Sincelejo. La medida se enmarca dentro de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito de servidor público, focalizada en el periodo comprendido entre 2010 y 2018. Acuña deberá comparecer ante el alto tribunal el próximo 19 de junio a las 8:30 de la mañana.

Durante los años investigados, Yahir Acuña ocupó una curul en la Cámara de Representantes por el departamento de Sucre, bajo el aval del partido Cien por Ciento por Colombia. La Sala de Instrucción ha detectado un posible incremento patrimonial que, preliminarmente, se considera injustificado durante sus dos periodos como congresista.

Detalles de la Investigación por Enriquecimiento

La Corte Suprema de Justicia ha señalado que las pesquisas buscan establecer una posible correlación entre el aumento de los bienes del actual alcalde de Sincelejo y presuntos actos de corrupción ocurridos mientras ejercía su cargo legislativo. Fuentes del alto tribunal indicaron que “se indaga la posible petición de comisiones para la adjudicación de contratos”, lo que sugiere un esquema de tráfico de influencias ligado a la contratación estatal.

El magistrado Francisco Farfán es el encargado de liderar esta investigación, cuya complejidad radica no solo en el análisis financiero sino también en la implicación de potenciales redes de corrupción que podrían haber operado durante el tiempo en que Acuña ejerció influencia desde el Congreso.

Antecedentes Judiciales y Vínculos Paramitares

Esta no es la primera vez que Yahir Acuña enfrenta un escrutinio judicial. Previamente, fue objeto de un extenso proceso penal relacionado con presuntos vínculos con estructuras paramilitares, específicamente el Bloque Héroes de los Montes de María de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). La investigación, que se extendió por 15 años, exploró la posible relación del excongresista con grupos armados ilegales en el departamento de Sucre.

El proceso inicial data de 2010, cuando el nombre de Acuña apareció en un expediente vinculado al accionar de las autodefensas en la región y a una supuesta participación de estas estructuras ilegales en presiones políticas para asegurar su elección como diputado de Sucre en 2007.

Preclusión y Nuevos Señalamientos

En agosto de 2025, el caso por sus presuntos nexos paramilitares fue precluido debido a la ausencia de pruebas suficientes que lograran establecer los vínculos. Sin embargo, la sombra de estas acusaciones no ha desaparecido por completo.

  • Juan Manuel Borré Barreto, alias “Javier”, exintegrante del Bloque Córdoba de las AUC, bajo el mando de Salvatore Mancuso, ha señalado a Acuña de supuestos nexos con el grupo conocido como Los Rastrojos.
  • El propio Salvatore Mancuso, exjefe paramilitar, declaró en contra de Acuña en 2024, actuando como testigo ante la Corte Suprema de Justicia. Estos testimonios, aunque no reabrieron el caso precluido, mantienen viva la discusión sobre sus posibles conexiones con actores armados ilegales.

Contexto Político y Socioeconómico de Sucre

El departamento de Sucre, al igual que otras regiones del Caribe colombiano, ha estado históricamente marcado por la confluencia de intereses políticos, económicos y, lamentablemente, la injerencia de grupos armados ilegales. Las dinámicas de poder en la región a menudo se han visto permeadas por la corrupción y el clientelismo, facilitando el enriquecimiento ilícito de algunos funcionarios públicos y la penetración de organizaciones delictivas en la institucionalidad.

La investigación contra Yahir Acuña, quien ha sido una figura política prominente en Sucre, no solo indaga su conducta personal, sino que también pone de manifiesto los desafíos persistentes de transparencia y legalidad en la administración pública regional. La lucha contra el enriquecimiento ilícito en estos territorios es crucial para intentar desmantelar las redes de corrupción que históricamente han afectado el desarrollo y bienestar de sus habitantes, así como para fortalecer la fe en las instituciones democráticas y judiciales.