Bogotá, Colombia. La propuesta del presidente Gustavo Petro de liquidar la empresa distribuidora de energía Air-e, argumentando la creación de una nueva compañía pública de carácter regional, ha desatado una controversia significativa en el sector eléctrico colombiano. La compañía, que opera en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira, representa el 12% de la demanda nacional de energía y ha estado bajo intervención de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios desde septiembre de 2024.

La declaración de Petro busca que los activos de Air-e, una vez liquidada, configuren una nueva «empresa común con otra empresa pública caribeña», en el marco del programa Colombia Solar, que contempla una inversión de 8 billones de pesos y busca habilitar a Ecopetrol para la generación de energía eléctrica.

La Intervención y el Aumento Exponencial de la Deuda

Desde que el Gobierno asumió el control de Air-e, hace aproximadamente 21 meses, la situación financiera de la compañía ha empeorado drásticamente, según denuncian los gremios del sector. Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), calificó la propuesta de liquidación como «inconveniente» y «absurda», y señaló que la responsabilidad de la operación y el servicio en los departamentos caribeños recae directamente en el Estado.

Castañeda reveló que, al momento de la intervención, Air-e adeudaba cerca de 560.000 millones de pesos al sector eléctrico. Sin embargo, esta cifra se ha quintuplicado durante la gestión estatal, alcanzando los 2.5 billones de pesos. Este incremento drástico, sumado a otros compromisos con acreedores, representa una carga económica considerable y pone en entredicho la eficacia de la intervención.

Preocupaciones sobre la Ausencia de Información Financiera y la Gestión de Interventores

Uno de los puntos más críticos señalados por Andeg es la falta de transparencia en las finanzas de Air-e. Según Castañeda, no existen estados financieros públicos de los últimos tres años, lo que impide conocer la verdadera magnitud de la situación de la empresa. Además, destacó la inestabilidad administrativa, con al menos seis agentes interventores que han pasado por la dirección de la compañía en menos de dos años.

La ausencia de una evaluación financiera clara y pública dificulta cualquier análisis serio sobre la viabilidad de la liquidación o las alternativas para sanear la empresa. El sector teme que esta falta de información pueda ocultar deficiencias en la gestión durante el período de intervención.

Riesgos Legales y Financieros de una Liquidación sin Pago

Andeg ha advertido sobre las graves consecuencias que podría acarrear una liquidación de Air-e sin el debido respaldo financiero para honrar sus obligaciones. Según Castañeda, no pagar las deudas equivaldría a un «desfalco a los acreedores», lo que podría desencadenar múltiples demandas contra la Nación y acarrear repercusiones fiscales y penales para los funcionarios responsables de tal decisión.

En este escenario, se pone en riesgo la confianza de los agentes del sector eléctrico y se abriría un precedente negativo para futuras inversiones. La solución, según el gremio, no pasa por una liquidación improvisada, sino por fondear el fondo empresarial de la Superintendencia para asegurar el pago de las deudas y garantizar la estabilidad del sistema.

Contexto Regional: La Energía en el Caribe Colombiano

La situación de Air-e es emblemática de los recurrentes desafíos que enfrenta el suministro de energía en la región Caribe colombiana. Históricamente, esta zona ha experimentado deficiencias en la infraestructura eléctrica, altas tarifas y una percepción generalizada de ineficiencia en el servicio. La intervención de empresas distribuidoras en el Caribe no es un fenómeno nuevo, y las promesas de mejora por parte del Estado han sido constantes, aunque los resultados suelen ser mixtos.

El problema ha sido multidimensional: baja cultura de pago, conexiones irregulares, pérdidas técnicas elevadas, y la necesidad de inversiones masivas en actualización de redes. La propuesta del presidente Petro se enmarca en un contexto donde el Gobierno busca asumir un rol más protagónico en los servicios públicos esenciales, especialmente en regiones con historial de deficiencias. Sin embargo, la acumulación de deuda bajo la intervención estatal y la falta de transparencia, tal como lo señala el sector, ponen en entredicho la efectividad de las soluciones planteadas y reviven el debate sobre el papel de la empresa pública frente a las dinámicas del mercado en un sector tan vital para el desarrollo regional.

La polémica en torno a Air-e es un indicativo de la complejidad de la política energética en Colombia y la urgencia de encontrar soluciones sostenibles que no comprometan la estabilidad financiera del sector ni el bienestar de los usuarios en una región crucial para la economía nacional.