Emcali ha refutado categóricamente las acusaciones sobre una posible contaminación con mercurio en el agua potable que distribuye a la ciudad de Cali. La controversia surgió tras una intervención en el Concejo de Cali, donde se manifestó preocupación por la calidad del agua que abastece a la planta de tratamiento Río Cali, sugiriendo una conexión con actividades de minería ilegal en los Farallones.

Alerta en el Concejo de Cali y la preocupación ciudadana

La alarma fue encendida el pasado 10 de junio por la concejal María del Carmen Londoño, quien, durante una sesión plenaria, instó al alcalde Alejandro Eder a enfocarse en los problemas locales, citando la potencial presencia de mercurio en el agua que proviene de los Farallones como un asunto de alta relevancia. Esta declaración no surge de la nada; comunidades rurales de Cali han expresado de manera persistente su inquietud por la minería ilegal en esta zona montañosa, considerada un pulmón ambiental crucial para la región.

Un líder comunitario, cuya identidad se mantiene en reserva por razones de seguridad, detalló a este medio la ruta de la posible afectación: “La quebrada El Pato, que conecta con las minas del Socorro, cae directamente en el río Felidia, que a su vez conecta con el río Cali”. Este testimonio subraya la preocupación de que contaminantes resultantes de la explotación minera, como el mercurio, puedan filtrarse en las fuentes hídricas que eventualmente llegan a los hogares caleños. Los informes de monitoreo en algunas quebradas de la zona han corroborado la detección de mercurio, elevando la inquietud ciudadana sobre la certeza de la potabilidad del agua.

La postura institucional de Emcali

Sistema de monitoreo integral y resultados recientes

Frente a estas imputaciones, la Empresa de Servicios Públicos de Cali (Emcali) ha emitido un pronunciamiento oficial, asegurando que los controles de calidad implementados de manera regular en el sistema de abastecimiento no han detectado concentraciones de mercurio que superen los valores máximos permisibles por la normatividad vigente para agua potable. La entidad reconoce el “riesgo potencial asociado a las actividades de minería en la cuenca alta del río Cali”, pero enfatiza que este riesgo no se ha materializado en el suministro.

Emcali detalla que su “esquema integral de aseguramiento de la calidad del agua potable” es liderado por la Unidad de Producción de Agua Potable, e incluye:

  • Controles operacionales en todas las fases del proceso.
  • Procesos de tratamiento rigurosos en las plantas.
  • Programas de monitoreo en diferentes etapas del sistema de abastecimiento.

La empresa ha especificado que los análisis para detectar contaminantes como el mercurio se llevan a cabo cada quince días en puntos estratégicos, incluyendo la captación del agua y la salida de la planta de tratamiento. Estos monitoreos, según Emcali, garantizan la adhesión a los estándares establecidos y la calidad del agua distribuida a la población.

Contexto regional: Minería ilegal y desafíos ambientales en el Valle del Cauca

La discusión sobre la posible contaminación del agua en Cali no puede desvincularse de un panorama más amplio de desafíos ambientales y socioeconómicos que aquejan al departamento del Valle del Cauca y, en mayor medida, a todo el suroccidente colombiano. La minería ilegal en Colombia, especialmente la de oro, ha sido por décadas una fuente de degradación ambiental y un vector de violencia, al menudo ligada a grupos al margen de la ley. Los Farallones de Cali, un Parque Nacional Natural y un ecosistema estratégico de incalculable valor por su riqueza hídrica y biodiversidad, han sido blanco recurrente de esta actividad ilícita.

Esta práctica no solo extrae recursos de forma no regulada, sino que emplea sustancias altamente tóxicas como el mercurio y el cianuro, que se liberan directamente a los cauces hídricos, contaminando irreversiblemente suelos, ríos y afectando la salud de las comunidades ribereñas y, potencialmente, de quienes dependen de esas fuentes de agua potabilizada. La persistencia de esta problemática, a pesar de los esfuerzos de las autoridades, evidencia la complejidad de su erradicación, que no solo pasa por la intervención militar, sino también por el desarrollo de alternativas económicas sostenibles para las poblaciones locales y una vigilancia ambiental férrea. La preocupación expresada por la concejal Londoño y la comunidad es un reflejo de este conflicto arraigado entre la conservación ambiental y las presiones de actividades ilegales que ponen en riesgo bienes públicos fundamentales como el agua.

A pesar de las garantías ofrecidas por Emcali, el escepticismo persiste en algunos sectores de la ciudadanía y entre los líderes comunitarios, quienes claman por una transparencia absoluta y una comunicación clara que disipe cualquier duda sobre la salud pública. La coyuntura resalta la tensión entre la información oficial y la percepción pública, subrayando la necesidad de fortalecer la confianza en las instituciones encargadas de velar por la salubridad y el medio ambiente.